*REALIZAN TRIBUNAL POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, ANALIZAN CUATRO CASOS
SARA LOVERA /
Periodismo Nayarita
Guadalajara,
Jal., Oct. 26, 2013.- Frente
a la incapacidad del Estado mexicano de garantizar el acceso a una justicia
pronta y expedita a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres,
cuatro casos serán analizados en el Tribunal por los Derechos de las Mujeres,
que se realiza en el Noveno Encuentro Nacional Feminista.
“Este Tribunal surge como una alternativa, porque los
medios formales del sistema jurídico mexicano han fallado. Por lo tanto tenemos
que hacer visibles los casos que han quedado impunes y hacer las
recomendaciones pertinentes al Estado mexicano” explica Guadalupe Martínez,
Coordinadora del Tribunal.
Teniendo como antecedentes los Tribunales de Derechos
Humanos de las Mujeres realizados en Tokio y Guatemala, el mexicano dedicó su
primera audiencia al análisis del caso de Ernestina Ascencio.
Montserrat Díaz, activista del Colectivo Feminista de
Jalapa y Montserrat Zepahua, activista
de Cal y Luz Marina A.C., dieron a conocer las inconsistencias en la
investigación de la muerte de Ernestina Ascencio ocurrida en 2007 en la sierra de Zongolica, en Veracruz.
Relatan que expedientes ministeriales acreditaron en un
primer momento que esta mujer indígena había sido golpeada, maniatada y
violada. De igual forma, que fue la
misma Ernestina quien dijo a su hija, que habían sido los militares quienes la
habían atacado.
Sin embargo, el entonces Presidente de la República y la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos desacreditaron estas versiones y
manipularon la información, encubriendo a los miembros del ejército
mexicano. La conclusión oficial fue que
Ascencio murió por una gastritis y que
no había sufrido violación alguna.
“Es una burla a los derechos humanos de las mujeres
indígenas, el Presidente exoneró a los militares, la CNDH actuó de forma ilegal
y el entonces gobernador Fidel Herrera, así como la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Veracruz actuaron en contubernio con el gobierno federal”
concluyeron las activistas.
Al respecto, Nadia
Femli, activista nicaragüense y Coordinadora del Observatorio de Mujeres
Indígenas contra la Violencia, y Carmen Tacam, activista y Alcaldesa de los 48 Cantones Indígenas en
Guatemala, quienes fungieron como juezas en este caso, señalaron que el Estado
Mexicano es responsable de la violación a los derechos humanos de Ernestina, de
su familia, de su comunidad y de los demás pueblos originarios en México.
“Los poderes patriarcales se volcaron en contra de una
anciana indígena que no sólo sufrió violencia sexual sino también institucional
y que fue víctima de discriminación étnica”, dijo Carmen Tacam.
Las
recomendaciones emitidas al Estado por este caso en particular son:
profundizar en las investigaciones de casos de violencia contra las mujeres,
establecer mecanismos de prevención de la violencia contra mujeres indígenas,
la realización de peritajes antropológicos cuando la víctima sea una mujer
indígena y dar cumplimiento a lo que se
establece en los tratados y convenciones
nacionales e internacionales en materia de respeto a los derechos humanos de
las mujeres.
