HORTENSIA
ARAGÓN CASTILLO (*)
México, D.F.;
oct 3, 2013.- Sin verdaderas
soluciones a los problemas económicos y sociales que afectan a la población
mexicana, en especial a los jóvenes, este sector seguirá manifestándose en las
calles -como ocurrió en 1968- con el consiguiente riesgo de que sigan siendo víctimas
de la represión y la violencia de un gobierno como el de Enrique Peña Nieto,
que al igual que hace 45 años, recurre a las fuerzas policiacas para tratar de
intimidar a los grupos que difieren de su proyecto político.
Prueba de que la política del garrote que aplicó Gustavo
Díaz Ordaz durante las manifestaciones pacíficas de 1968 sigue vigente en el
gobierno de Peña Nieto es la forma en que elementos de la Policía Federal
actuaron en contra de ciudadanos durante las manifestaciones en los alrededores
del Congreso de la Unión, el pasado 1 de diciembre, lo que constituyó una clara
violación por parte del gobierno federal al derecho de libre manifestación y de
circulación que se expresa con claridad en la Constitución Política de nuestro
país.
Enrique Peña Nieto comete un grave error al recurrir una
vez más, como lo hizo Díaz Ordaz en el 68 y como lo hizo él como gobernador del
Estado de México en 2005, a la represión social a través de los cuerpos
policiacos como método para tratar de pacificar las calles. Prueba de ello es
que a pesar de la brutalidad con la que actuó en contra de la población de San
Salvador Atenco en 2005, el proyecto del nuevo aeropuerto en aquella entidad
tuvo que ser cancelado.
Si Peña Nieto quiere evitar ser testigo durante los
próximos días y semanas de más y mayores protestas en las calles, lo primero
que debe hacer es dejar de insistir en sacar adelante medidas lesivas e
impopulares como la aplicación de más impuestos a las clases media y baja; la
reforma energética, a todas luces entreguista y privatizadora; la educativa,
que pone en riesgo la permanencia de los profesores en sus puestos, y la
laboral, que convierte a la clase trabajadora en una casta de maquiladores.
En su lugar, Peña Nieto debería ponerse a trabajar en
conformar un presupuesto en el que se marquen como prioridades un mayor apoyo
económico a las universidades, elevar la matricula de la educación pública
media y superior, y ofrecer verdaderas oportunidades de empleo –no como meseros
en cadenas de comida rápida- a los más de siete millones de jóvenes a los que
su gobierno y los que le antecedieron les han cerrado las oportunidades de
acceder a un trabajo digno y bien remunerado.
El desinterés del gobierno de Peña Nieto en el sector
juvenil es tal que este año al menos 100 mil jóvenes fueron rechazados por
falta de cupo en universidades públicas de todo el país, situación que se
agrava cuando se sabe que poco más de 800 mil de los casi dos millones de jóvenes
egresados en los últimos diez años no han encontrado trabajo o están laborando
en áreas ajenas a su campo de estudio. Su única apuesta fue ofrecer 36 mil
lugares para cursar algunas carreras “en línea”, que resultó todo un fracaso.
Además de negarles oportunidades de estudio, de empleo (24.7%
de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años no tienen trabajo ni asisten a la
escuela) y de reprimirlos en las calles cuando exigen sus derechos, Peña Nieto ha
sido incapaz de hacer algo para frenar el crecimiento del número de mujeres
-muchas de ellas estudiantes- que son explotadas con fines sexuales por bandas
dedicadas a la trata de personas-, así como el mayor número de jóvenes que se
están integrando como vigilantes e incluso sicarios de los grupos dedicados al
tráfico de drogas.
El último trimestre de este año es un buen momento para
que Enrique Peña Nieto comience a ofrecer soluciones a los graves problemas
nacionales que amenazan con derivar en un estallido social de fatales consecuencias
que a nadie conviene, mucho menos a un gobierno que se encuentra al borde de la
recesión económica.
(*)Hortensia Aragón Castillo, es Coordinadora Nacional Foro
Nuevo Sol-PRD
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