OCTAVIO SALAS /
Periodismo Nayarita
Santa Ma. del Oro,
Nay.- En audiencia pública de una causa penal
iniciada por violencia familiar y con acuerdo del juez, el imputado, de unos
treinta años de edad, se puso de pie y dirigiéndose a su esposa, la víctima, le
pidió disculpas por una reciente agresión.
En
la misma audiencia celebrada conforme al nuevo sistema de justicia penal en
Real de Acuitapilco, municipio de Santa María del Oro, por consejo de sus
defensoras el imputado ofreció someterse a un tratamiento psicológico de seis
meses a cargo de una especialista del DIF en la cabecera municipal, a doce
kilómetros de ahí.
En
la disculpa pública y el ofrecimiento del imputado de someterse a tratamiento psicológico,
la defensa sustentó su solicitud de la suspensión condicional del proceso, la
cual es normada por los artículos 191 al 196 del Código Nacional de
Procedimientos Penales.
El
juez de control Rodrigo Benítez Pérez preguntó a la víctima y a sus
representantes de la Fiscalía si estaban de acuerdo y ellas respondieron
afirmativamente; también preguntó al representante de la Comisión Nacional para
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Santos González Montoya, si tal ofrecimiento
contraviene las costumbres de la etnia wirrárika, a la cual pertenecen tanto el
imputado como la víctima, y González Montoya contestó que no.
Benítez
Pérez autorizó entonces las condiciones bajo las cuales se suspenderá el
proceso y advirtió al imputado que dicho procedimiento continuará si no cumple lo
acordado; además, siempre que se encuentre cerca de su esposa deberá dirigirse
a ella con respeto.
Cabe
señalar que en la audiencia inicial de formulación de imputación de este caso,
efectuada en junio en la cabecera de Santa María del Oro, el juez determinó
como una medida cautelar que el imputado se retirara del domicilio conyugal y
sólo pudiera ver a sus hijos en casa de la abuela paterna pero no acercarse a su
esposa.
De
esta forma se suspendió de manera condicional el proceso por violencia familiar
y si la persona cumple con las condiciones ofrecidas dentro del plazo
establecido de seis meses quedará exonerado de la sentencia, al ser este un
mecanismo de solución alterna, lo cual en el sistema tradicional no habría sido
posible e incluso debían esperarse de tres a seis meses más para resolver el
asunto.
En
la audiencia que duró veinticinco minutos y fue presenciada por miembros de la
comunidad de Real de Acuitapilco, servidores públicos del Juzgado de Oralidad
Penal con jurisdicción en los municipios de Tepic, Santa María del Oro y
Xalisco trasladaron el equipo de cómputo para registrar el correspondiente
sonido e imágenes, y de ser solicitadas por las partes, como así sucedió,
entregar copias de la grabación en discos compactos, todo ello de acuerdo con
el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Como
representantes de la Fiscalía General intervinieron en la audiencia las
abogadas Cecilia Elizabeth Dávalos Alcalá y Guadalupe Olimpia Rodríguez
Delgado, mientras que en calidad de defensoras públicas del imputado participaron
Isabel Reyes Luis y Alicia Camacho Barbosa.
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