Por:
José Manuel Elizondo Cuevas.
Miraba
disimuladamente a un amigo mío, de oficio abogado, caminar aceleradamente de un
lado a otro, como si tuviera alguna diligencia urgente que realizar, estarían a
punto de cerrarle la sucursal bancaria o quizá su ansiedad era por llegar a
tiempo al trono de las satisfacciones (vulgo excusado). Un poco más tarde supe
por su propia voz, la razón por la que casi me atropella mi litigioso amigo, en
su loca carrera.
Me
dijo con el típico acento de los “tecualeños”: - Dispénsame “Meño” es que
andaba muy “engüasado”.
Después
de los protocolos amistosos, disculpas y apretones de manos, iniciamos una
plática tan informal como amena, mediante la que nos pusimos al tanto de los
amigos, familiares y paisanos.
A
mi amigo le llamaré el “Licenciado Chicharrón”, para no balconearlo, y antes
que pregunten de donde saqué ese nombrecito tan mamífero, les diré que es
producto de uno más de los recuerdos de mi pueblo. Así le decían a un señor que
hacía las veces de abogado en aquellos lejanos días de mi infancia, no se si de
verdad era licenciado con título, pero él litigaba en las viejas oficinas del
ministerio público o lo que en aquellas épocas hubiera, tomando muchos casos en
sus manos. No se si le decían chicharrón por la corbata arrugada que siempre
vestía, porque eso si aunque todos los demás anduviéramos casi encuerados por
el méndigo calor que hacía, él siempre usaba su tacuche a cuadros y su corbata
rayada, parecía caja fuerte (no se le encontraba la combinación por ningún
lado). Su atuendo no estaba completo sin el descarapelado maletín, imitación
piel, con cierre entreabierto y su agarradera de mano.
Pero
volvamos al tema que platicaba con mi amigo, antes que me pique con las
evocadoras anécdotas de mi pueblo natal. Mejor regresemos al tema de la reforma
penal, ya que sobre ésta versaban los comentarios de mi multicitado camarada. Me
platicaba que la mayoría de sus compañeros de trabajo, abogados, jueces,
ministerios públicos, secretarios de juzgado, entre otros, estaban como entre
atareados y nerviosos por el asunto de la reforma penal. Le preguntaba cual era
la razón para estar así y lo que más o menos le entendí es que van a tener
muchas complicaciones en sus respectivas funciones. Le pregunté por qué y me
contestó con otra pregunta: ¿Sabes algo de la reforma penal? Claro, le dije,
aunque no lo parezca soy una persona muy estudiosa (Risas). Después de esto,
estuvimos más metidos en el tema (afortunadamente es cierto que hace poco
estudié sobre la dichosa “reformita” esa).
Coincidimos
en muchos aspectos, obvio que en otros no estuvimos completamente de acuerdo,
lo cual me parece muy normal, él como abogado es un sujeto procesal mientras
que yo, a pesar de conocer algo del tema, tengo un punto de vista externo al
proceso. Entre los aspectos que tuvimos consenso, puedo mencionar que la
reforma procesal penal de junio del 2008 es el paso más importante que se ha
dado en la búsqueda de prontitud y accesibilidad en la impartición de justicia y en lo que se
refiere a los ámbitos de seguridad jurídica y pública.
La
reforma penal es concebida como un proceso de instrumentación paulatina (sobre
todo los juicios orales), ya que resulta imposible su aplicación inmediata
debido a la necesidad de adecuar la legislación secundaria de las entidades que
integran el pacto federal, así como la infraestructura física de los juzgados
que serán los escenarios de las futuras contiendas, basadas en la oralidad. Lo
anterior ya es difícil de por sí, ahora imaginemos si además tenemos que
considerar otros aspectos tan importantes como el cultural y el educativo,
propiamente dicho, refiriéndome a la capacitación que deben recibir los
operadores del nuevo sistema procesal para que estén a la altura de los
requerimientos técnicos de los novedosos paradigmas jurídicos. Además, si
consideramos que para realizar los puntos que acabo de mencionar es necesario
invertir una gran cantidad de recursos presupuestales (ahí es donde la puerca
torció el rabo) aquí vendría la pregunta obligada: ¿Quién va a poner el dinero?
Esa si es una verdadera “bronca”. No en vano, los que confeccionaron todo este
tinglado legislativo le dieron un buen tiempo de gracia (8 años para su
completa implementación) o lo que los expertos en leyes denominan “vacatio
legis” que no es otra cosa que el tiempo que transcurre desde la publicación de
una norma hasta que ésta entra en vigor.
El
problema que me platicaba mi tinterillo amigo tiene que ver justamente con ese
asunto, si sacamos cuentas ya se cumplieron 5 años de la publicación de la
reforma penal (18 de junio del 2008) y hasta la fecha aproximadamente el 18% de las entidades han modificado su
legislación local.
En
nuestra entidad, se requieren mil millones de pesos para poder instalar la
infraestructura de salas de juicios orales, en el centro, norte, sur y costa
sur (especialmente en Bahía de Banderas) según declaraciones del Presidente del
Poder Judicial del Estado de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, quien tiene
razón en señalar que lo más costoso de dicha inversión es la tecnología, un
centro de investigaciones, laboratorio, servicios periciales y la capacitación
que ya habíamos mencionado en líneas anteriores. La idea es que se pudiera arrancar
la construcción en el próximo 2014, pero si la federación solo ha propuesto un
monto de 400 millones para repartir entre todos los estados, entonces el
Gobierno del Estado sería quien tuviera que entrarle con los mil millones, lo
que ya se vuelve un poco más difícil, a no ser que Roberto Sandoval logre arrancarle
a Peña Nieto una mejor tajada en el próximo presupuesto anual. (Ojalá).
En
fin, mi intención era confrontar, con mi leguleyo amigo, algunos puntos de
vista sobre las reformas constitucionales al proceso penal, analizar las
ventajas y desventajas de los juicios orales, entre otros puntos. Pero está
visto que en cuanto nos metemos al tema económico como que se nos olvida lo
demás. Espero tener otro encuentro con mi buen amigo “El Licenciado
Chicharrón”.
Como siempre muy amenas tus notas así como informativas. Saludos
ResponderEliminaratte. Salvador Contreras