REDACCIÓN /
Periodismo Nayarita
Tepic, Nay; ago 29.- Nueve meses han sido suficientes para
constatar que, contrario a las promesas hechas por Enrique Peña Nieto a los
mexicanos durante su campaña a la presidencia de la República, la calidad de
vida de la mayoría los ciudadanos de este país se ha deteriorado de tal manera
que los niveles de precariedad económica y de violencia que padecemos amenazan
con poner al país al borde de una crisis social y económica sin precedente.
En
el poco tiempo que lleva como presidente de la República, Peña Nieto se ha
encargado de convencernos que, de seguir por la ruta a la que está encaminado
al país, antes de que termine su sexenio se ahondará la etapa de nulo
crecimiento económico y de inseguridad producto de las actividades de los
grupos del crimen organizado que se vivió durante 12 años de panismo.
Si
el crecimiento promedio anual del producto interno bruto (PIB) durante el
sexenio de Felipe Calderón fue de 1.66 por ciento, las cifras oficiales del
propio gobierno federal auguran un negro panorama financiero para finales del
2013.
Ello
incluye un crecimiento como país apenas por arriba del 1 por ciento, una cifra
de 54 millones de mexicanos sumidos en la pobreza extrema, casi 3 millones de
desempleados (5 por ciento de la Población Económicamente Activa), al menos 21
millones de personas viviendo de la informalidad sin prestaciones ni seguridad
social y la ausencia de una política laboral capaz de responder al millón de
plazas que se requieren para satisfacer las necesidades de las nuevas
generaciones.
En
lo que respecta al tema de la inseguridad y a las actividades del narcotráfico
en nuestro país, el gobierno de Peña Nieto va que vuela para dejar atrás el
record de sangre y muertes impuesto por su antecesor panista.
Aunque
Peña Nieto presume que de diciembre de 2012 a junio pasado se consignaron sólo
7 mil 110 homicidios vinculados con el crimen organizado, reportes
periodísticos basados en cifras oficiales ofrecidas por las procuradurías
locales de las 32 entidades de la República señalan que en realidad durante los
primeros ocho meses del gobierno del priista se han registrado 13 mil 774
asesinatos, lo que deja muy atrás los 8 mil 867 asesinatos reconocidos por
Felipe Calderón durante su primer año de gobierno.
Asimismo,
de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (SESNP), el número total de secuestros que se denunciaron –no
los perpetrados- en el país entre enero y julio de 2013 se convirtió en el más
alto de la última década, al llegar a los 911 casos, cifra que deja atrás la
alcanzada en los primeros siete meses de 2011, cuando se iniciaron 791
querellas en todo el país por dicho delito.
Con
ello, Peña Nieto incumple la promesa de campaña que hizo el 13 de octubre de
2012, cuando dijo que su meta era reducir al menos en un 50 por ciento la tasa
de homicidios y secuestros en México, durante su primer año de gestión.
Desafortunadamente,
el nivel que ha alcanzado la violencia durante el gobierno de Peña Nieto no se
circunscribe sólo al alto número de asesinatos y secuestros cometidos durante
los primeros nueve meses de su gestión, sino que incluye a las personas que han
sido desplazadas de sus lugares de origen por la violencia, que según cálculos
conservadores abarca al menos 140 mil personas y que en el peor de los casos
podría alcanzar la cifra de 450 mil en todo el país. De igual forma incluye a
las 26 mil personas desaparecidas, en su mayoría mujeres, que el Gobierno
Federal ya ha reconocido como cifra oficial.
Asimismo,
la ausencia del Estado de derecho durante la gestión de Peña Nieto se ha hecho
cada vez más evidente, y la violación de los derechos humanos de los mexicanos,
pero en especial de las mexicanas, se ha convertido en un acto sistemático,
como lo demuestra el cada vez más elevado número de mujeres (muchas de ellas
migrantes) que son esclavizadas contra su voluntad con fines sexuales,
actividad que después del tráfico de drogas es la más redituable, pues arroja
ganancias anuales en México por más de 32 mil millones de dólares.
Con
Peña Nieto, el México de plena igualdad, de respeto a la mujer y a sus derechos
que pregonó durante su campaña a la Presidencia es letra muerta. Durante su
gobierno persiste la política de criminalización hacia las mujeres
instrumentada por Felipe Calderón, pues a la fecha, por medio de leyes locales
vigentes en varios estados de la República se les sigue coartando su derecho a
ejercer con libertad su sexualidad, condenándolas a penas corporales cuando por
causas legítimas han optado por abortar.
A
unos días de entregar su primer informe de labores, Peña Nieto enfrenta a un
sector magisterial enardecido por su obstinación de sacar adelante una reforma
educativa que, aunque necesaria, siempre se negó a incluir en la dinámica de
modernizar el sector educativo del país las opiniones de los profesores, que
sin duda son el ingrediente principal de la receta de enseñanza que pretende.
Las
manifestaciones que se realizan en las calles, que amenazan con desestabilizar
el inicio del segundo periodo de sesiones de la LXII Legislatura, son un
adelanto de lo que puede ocurrir en caso de que el gobierno federal y los diputados
del PRI sigan empeñados en ignorar la opinión de la gente respecto a la reforma
energética, que sería un error avalarla con el mayoriteo que tanto PRI como el
PAN pueden alcanzar con la suma de sus votos en la Cámara de Diputados.
