CDP: Periodismo,
actividad de interés público que debe protegerse legalmente
REDACCIÓN / Periodismo Nayarita
México, D.F.- La Casa de los Derechos de Periodistas A.C. (CDP) y su
RED de Enlaces en el país, condenan enérgicamente los despidos de Carmen
Aristegui, Daniel Lizárraga e Irvin Huerta, periodistas colaboradores de MVS Noticias, con lo que
se materializa un acto de Estado, del
gobierno, así como de grupos de poder en contra de la Libertad de Expresión. Cómo
estos casos hoy visibilizados, cientos de colegas son objeto de acoso laboral, malas
condiciones de trabajo, bajos salarios, falta de seguridad social.
Consideramos
un grave retroceso a la Libertad de Expresión el cierre de ese espacio
informativo encabezado por Aristegui, porque, no sólo vulnera el derecho de los
trabajadores sino que lesiona el derecho que tiene la sociedad a estar
informada.
Con esta
acción de Estado se cierra uno de los pocos espacios radiofónicos que existen
en el país donde se ejerce la Libertad de Expresión y el periodismo
independiente, que se destacan por sus
investigaciones realizadas para coadyuvar al ejercicio de las libertades de
Expresión e Información.
Los
argumentos de MVS para rescindirles el contrato no contemplan un elemento
fundamental en el quehacer radiofónico en México, el cual consiste en que como
concesionaria de radiodifusión, esta empresa utiliza un bien de la nación,
propiedad del pueblo de México y que por lo tanto está obligada a usarlo en
beneficio de la población, priorizando sus intereses, independientemente del
fin lucrativo que el Estado mexicano le concesionó.
Por las
circunstancias y las formas en que fue despedido este grupo de periodistas,
amplios sectores de la sociedad mexicana coinciden en señalar como inaceptable
restringir el conflicto a un mero litigio laboral porque fueron afectados los
derechos de acceso a la información y de la libertad de expresión.
La Asamblea
General de Asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas reunida el
martes 17 de marzo resolvió hacer un llamado especial a todas y todos los
legisladores del país, tanto del Congreso de la Unión como de los 32 Congresos
de las entidades federativas, a que asuman su responsabilidad en las siguientes
materias:
Legislar para
precisar que ninguna empresa de medios de comunicación, privada o pública,
pueda interrumpir los flujos informativos que interesan socialmente. La propiedad de inmuebles, muebles y otros
bienes intangibles de medios de comunicación social, no debieran usarse como
potestad para interrumpir la información del interés social, bajo ningún
argumento y menos de incumplimiento de normas impuestas unilateralmente a sus
periodistas para proteger el principio de autoridad de las empresas de medios.
El interés social está por encima de los intereses económicos de los
particulares, que en el caso de los medios electrónicos son concesionarios de bienes nacionales.
Pronunciarse
claramente en que la información de interés social debe circular libremente,
sin más restricciones que las estipuladas por la Constitución general de la
república.
Refrendar
que el ejercicio cabal de la libertad de expresión requiere de una sociedad
plenamente informada.
Reconocer, por tanto, que la información de interés
público no puede ser incautada, interrumpida o apropiada ni por el sector público ni por
particulares.
Reconocer
que el ejercicio del periodismo es una actividad del interés público porque en
esta actividad descansa la responsabilidad social de captar, procesar, editar,
analizar y difundir la información de manera continua.
La CDP desde su fundación en 2010, ha documentado,
al igual que otras organizaciones civiles,
agravios a colegas y a la
Libertad de Expresión y así como la
violencia extrema que enfrentan. Hemos denunciado las agresiones en contra de trabajadores de
medios de comunicación que cometen agentes del Estado y sus aliados, como es en
este caso, representantes de empresas de
medios de comunicación, con lo cual el binomio Prensa-Estado no se ha
diluido desde el siglo XX a pesar de que la sociedad del Siglo XXI exige otro
tipo de periodismo y relaciones
transparentes entre instituciones gubernamentales y empresas de medios de comunicación,
ya que estas son financiadas, en su mayoría, con recursos públicos que deben estar sujetos al
escrutinio de la sociedad.
Cada
agresión a una trabajadora o trabajador
de los medios de comunicación es un atentado a la democracia, pero también una
oportunidad para la búsqueda de nuevos
espacios y formas creativas de ejercer el periodismo y un reto para comprometernos con la profesionalización de
este oficio para la defensa de los trabajadores de los medios y para hacer realidad el derecho a la
información que tienen las audiencias.
Ante el
clima de violencia que vive nuestro pueblo y el gremio, exigimos:
¡La
reinstalación de los periodistas despedidos de MVS y el respeto a la Libertad
de Expresión en México!
¡Porque se
respete la vida de nuestros colegas!
Casa de los
Derechos de Periodistas A.C.
Judith Calderón Gómez
Presidenta
Calle Fresas No. 12, Colonia del Valle,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03100,
México, Distrito Federal.
Teléfono 01(55) 5536 8859
