*Hacen un llamado al presidente de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), a que en virtud de las justificadas objeciones que han señalado, anule la posibilidad de que el proyecto de Norma 237 sea publicado por ser dañino para la sociedad mexicana en su conjunto
RENATO CONSUEGRA / Periodismo Nayarita
Ciudad de México a 4 de noviembre de 2021.- Representantes de las instituciones
particulares de educación solicitan a la Comisión Nacional de Mejora
Regulatoria (CONAMER), que en virtud de las justificadas objeciones señaladas a
lo largo de los tres meses anteriores, anule la posibilidad de publicación del
proyecto de Norma 237 debido al vicio de origen contenido en su estructura,
porque equipara al servicio educativo con un acto de comercio, poniendo en
entredicho su esencia como servicio público, lo que implicará altos costos no
sólo a los colegios, sino a una parte de la sociedad que deberá asumir
incrementos en las colegiaturas para obtener una educación de calidad.
La Alianza de Colegios Multiculturales de
México (ACOMM), Alianza para la Educación Superior (ALPES), Asociación Nacional
de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP (ANEPPI),
Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP), Federación de Escuelas
Particulares del Estado de México (FEPEM) y Educación con Rumbo (ECR ),
expresaron al comisionado presidente de la CONAMER, Alberto Montoya Martín del
Campo, su compromiso a favor de que en nuestro país existan cada día mejores
rutas para impulsar aún más la mejoría de la educación, hacia un nivel de
avance desde el cual se estimulen todos los sectores para una mejor calidad de
vida de las personas.
Sin embargo, insistieron en que definir a las
escuelas particulares como establecimientos mercantiles en el Comité Consultivo
Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), donde se
gestó el proyecto de norma, cuando en el artículo 75 del Código de Comercio no
contempla a los servicios educativos como un acto de comercio, “no sólo muestra
la inexistencia de materia para generar una norma de tal envergadura, sino
también pasa por alto que en los servicios educativos no existe especulación
comercial, tampoco impera la intermediación y mucho menos son actos masivos”.
Incluso, Ludwig Johannsen de la Alianza de
Colegios Multiculturales de México (ACOMM), quien dio lectura al comunicado,
agregó que “el artículo 146 de la Ley General de Educación, así como en el
Acuerdo 17/11/17 de la Secretaría de Educación Pública definen al servicio
educativo como un servicio público”, por lo cual el proyecto de NOM 237 queda
sin materia para convertirse en una regulación más de las muchas que ya tiene
el sector educativo.
Los representantes de los colegios particulares
solicitaron al comisionado presidente de CONAMER, Alberto Montoya Martín del
Campo, observar en el periodo de análisis del proyecto de NOM 237 que termina
el 15 de noviembre, que los servicios educativos ya están regulados por la Ley
General de Educación (LGE) y su funcionamiento es atendido por el sector que
corresponde en el Ejecutivo Federal o Estatal, que son las secretarías de
Educación o instancias que cumplen con esa función.
La injerencia que pretende establecer la
Secretaría de Economía es inapropiada e invade la función regulatoria de la
Secretaria de Educación, amén de que el proyecto de NOM 237 propuesto desde la
Secretaría de Economía es sobre regulatorio, añadió el director ejecutivo de
ACOMM.
Norma Leticia León Montelongo, de la FEPEM y
María del Pilar Martínez Aragón de la ANEPPI, agregaron que con el cierre de
cerca de 18 mil escuelas, se quedarían sin trabajo más de 630 mil prestadores
de los servicios educativos; a esto se sumarían el incremento en las tarifas
escolares para que los colegios puedan cubrir los gastos de la certificación y
los demás trámites ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO).
Alejandra Carmona, consejera de Educación con
Rumbo, recordó que en el proyecto NOM 237 no existe la mínima evidencia de
cumplir con los principios de Mejora Regulatoria y, por el contrario, implicará
mayor regulación y inconmensurables costos económicos y sociales, y más que
beneficios, acarreará graves perjuicios para la sociedad, los colegios y sus
comunidades, porque muchos deberán cerrar sus puertas al quedar imposibilitados
de pagar los costos de las certificaciones que tendrán.
Los representantes de las escuelas particulares
realizaron un llamado no sólo a las escuelas, sino también a las organizaciones
de padres de familia y ciudadanos en general a participar con sus comentarios
al proyecto de NORMA 237 que se encuentra en CONAMER, para evitar un golpe a la
educación de calidad que se imparte en los colegios particulares.
“La diferencia entre sociedades civiles y
mercantiles radica en que éstas últimas lo hacen a través de la realización de
actos de comercio —especulación comercial—, mientras que las civiles lo hacemos
a partir de la ejecución de actividades que no estén relacionadas con el
comercio, como los servicios profesionales o la propia prestación de servicios
educativos”, señalaron.
Por lo que pidieron a la CONAMER que una vez
cumplido el plazo de análisis el próximo día 15 y en virtud de las justificadas
objeciones, anule la posibilidad de que el proyecto de norma 237 sea publicado
por ser dañino para la sociedad mexicana en su conjunto.