REDACCIÓN / Periodismo
Nayarita
México, D.F; jun 25, 2014.- Las
instalaciones de la revista Contralínea. Periodismo de Investigación
–ubicadas en la transitada avenida Río Churubusco 590, colonia Del Carmen,
Coyoacán– fueron asaltadas la noche del lunes 23 de junio de 2014. Como
resultado de ello, los delincuentes se llevaron expedientes periodísticos de
los reporteros. También, documentación personal que algunos periodistas
resguardaban en sus escritorios.
Además, fueron sustraídos 19 equipos de
cómputo –incluidas las laptops del director Miguel Badillo y el
subdirector José Réyez–, una cámara de video profesional, 3 pantallas de
televisión, equipo de audio, incluida una consola de producción radiofónica.
Los asaltantes también se llevaron discos compactos con información editorial.
Todos los escritorios, gavetas y cajones de la redacción fueron saqueados.
La Casa de los Derechos de los Periodistas
A.C. de la cual el periodista Miguel Badillo es socio, reprueba esta nueva
acción en perjuicio de la Revista Contralinea y exige a las autoridades de
procuración de justicia del Distrito Federal, la investigación
inmediata y eficiente para dar con los responsables intelectuales y
materiales de estos hechos y a la Procuraduría General de la República
(PGR) le pide que atraiga el caso, ya que se trata de una
agresión sistemática en contra de esta publicación como se demuestra con el
historial de agravios que esta organización a documentado.
Este acto intimidatorio se da en un contexto
de agresiones constantes en contra del equipo de Contralínea. Tan sólo
el 18 de abril pasado también fue asaltado el domicilio particular del
director, sin que hasta la fecha la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal haya podido resolver el caso. Ello a pesar de existir
grabaciones en video de los asaltantes y el vehículo que emplearon (AP: FCY/COY-2/T2/0105071406).
Ahora, en el robo
ocurrido este lunes 23 de junio, se observa que la caja fuerte –localizada en
la oficina del subdirector– fue violentamente forzada. Algunas puertas y
ventanas fueron rotas, además de que los delincuentes movieron las cámaras de
vigilancia y cortaron sus cables.
Cabe destacar que
dichas cámaras forman parte de las medidas cautelares dictadas por la
Secretaría de Gobernación a favor de este medio, como parte de los protocolos
del Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas. Ello, tras las
peticiones hechas directamente por la Organización de las Naciones Unidas y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se garantizara el libre
ejercicio de expresión e información del equipo de Contralínea.
Y aunque dicho
Mecanismo también incluía vigilancia permanente al lugar de trabajo, esta nueva
agresión demuestra la ineficacia de Gobernación para garantizar y proteger la
labor periodística.
Como se recordará, a
lo largo de su historia Contralínea ha sido objeto de amenazas,
persecuciones, juicios, robos, allanamientos, vetos publicitarios e
informativos gubernamentales, un arresto y una emboscada.
ALGUNAS DE LAS AGRESIONES
El 5 de agosto de
2007 representantes del Grupo Zeta Gas irrumpieron en las instalaciones de Contralínea;
amenazaron con desaparecer la publicación y exigieron que se les revelaran los
nombres de fuentes de información. Un día después iniciaron las acciones
judiciales. Jesús Zaragoza López, director de Zeta Gas, presentó la primera de
tres demandas por supuesto daño moral ante el Juzgado 44 Civil del Tribunal
Superior de Justicia del Distrito Federal. La demanda contra la revista y sus
periodistas se resolvió en diciembre de 2008 con una resolución condenatoria.
Entre las
irregularidades del caso destaca que el juez se excedió al dictar su resolución
e impuso obligaciones de imposible cumplimiento; además, el juzgador de primera
instancia pretendió respaldar su decisión con consideraciones no jurídicas,
sino de apreciación personal y de valor en contra de los periodistas y del
medio.
El 7 de noviembre de
2007 Oceanografía, SA de CV, interpuso un juicio civil por “daño moral” ante el
Juzgado 40 de lo Civil, en contra de la revista y de algunos de sus reporteros.
Durante las
audiencias se cuestionó la calidad de los periodistas, así como de las pruebas
ofrecidas por ellos. Se desecharon pruebas de la misma naturaleza y calidad que
las ofrecidas por la parte demandante, sin que a ésta se le hayan desechado.
El 13 de agosto de
2008 los abogados Graham Alberto Zubía Félix, Francisco Cuellar Ontiveros,
Diego Romero Velasco, el actuario Juan Manuel Aguilar Maya y el perito auxiliar
Sergio Guillermo Gonzáles Pulido, de la empresa gasera Zeta Gas, allanaron las
instalaciones de Contralínea acompañados por guardaespaldas armados y
elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Contralínea interpuso
una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por acoso judicial
y amenazas de muerte el 12 de septiembre de 2008.
El 16 de enero de
2009 elementos de la Policía Bancaria e Industrial del Distrito Federal
arrestaron a Miguel Badillo, director de Contralínea. El 11 de febrero
de 2009 representantes del Grupo Zeta Gas allanaron de nueva cuenta las
instalaciones; exigían ingresar a los escritorios y archivos de los
trabajadores y periodistas.
El 22 de abril de
2009 Blue Marine Technology Group demandó a Contralínea y a sus
periodistas por “daño moral”.
El 14 de septiembre
de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación
57/2009, donde acredita la discriminación publicitaria de la que es objeto la
revista por el gobierno federal.
El 10 de abril de
2010 desconocidos allanaron y saquearon las instalaciones de Contralínea.
En ese mismo mes, pero el día 27, la Caravana por la Paz que se dirigía a San
Juan Copala fue emboscada. Entre sus integrantes estaban los reporteros Érika
Ramírez y David Cilia, quienes estuvieron en calidad de “desaparecidos” dos
días. Fueron rescatados el 29. Ambos periodistas presentaban deshidratación,
David Cilia, tres heridas de bala.
Entre el 31 de agosto
y el 1 de septiembre fueron asesinadas las periodistas Marcela Yarce Viveros,
fundadora de Contralínea, y Rocío González Trápaga. Las comunicadoras
fueron agredidas en el contexto de violencia que se vive en todo el país.
En diciembre de 2013,
la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos iniciaron una nueva investigación
por las violaciones a derechos humanos cometidos por jueces de Jalisco contra
periodistas de la revista Contralínea.
El Grupo Zeta Gas
consiguió una sentencia contra el medio de comunicación violentando el debido
proceso: a espaldas de los periodistas se inició y concluyó un juicio en el que
no se les permitió defenderse. Esta revista fue condenada a pagar medio millón
de pesos.
El Juzgado Noveno de
lo Civil en el estado de Jalisco condenó a la revista Contralínea y a
trabajadores de este medio a pagar una multa por 500 mil pesos. El proceso,
promovido por Grupo Zeta a través de su filial Thermogas, inició y concluyó a
espaldas del medio de comunicación, pues no se notificó a los periodistas
interesados. Con ello, el Poder Judicial del Estado de Jalisco violó los
derechos humanos de los hoy sentenciados y les canceló su derecho a un juicio
justo, además de atentar en contra de la libertad de prensa y el derecho a la
información.
En el caso intervinó
la Secretaría de Gobernación, a través de su Unidad para la Defensa de los
Derechos Humanos (UDDH). Mediante el oficio UDDH/911/5689/2013, el titular de
la Unidad, Juan Carlos Gutiérrez Contreras, solicita al magistrado presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, Luis Carlos Vega
Pámanes, se investigue “la presunta violación a los derechos humanos en
relación a su garantía de audiencia y al debido proceso”.
En el documento
oficial se hace referencia a la recomendación 57/2009, emitida por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2009 y la reciente Recomendación
General 20, en las que se documentó la violación al debido proceso en que
incurrió el Poder Judicial del Estado de Jalisco en otros juicios interpuestos
por Zeta Gas en contra de Contralínea. Por ello, la Secretaría de
Gobernación solicita al magistrado Gutiérrez Contreras “su colaboración
institucional, con la finalidad de que sirva informar aquello que permita
conocer las acciones que a favor de los derechos humanos se hubiere realizado,
así como el estatus y el nivel de cumplimiento de la recomendación”.
En su comunicación,
la Secretaría de Gobernación le recuerda al Poder Judicial del Estado de
Jalisco –representado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la
entidad, Luis Carlos Vega Pámanes– su obligación “de prevenir, investigar,
sancionar y reparar violaciones a los derechos humanos, así como de promover,
respetar, proteger y garantizar los mismos”.
La CNDH, por su
parte, también ha abierto un expediente en el que documenta los más recientes
agravios en contra de la revista Contralínea y sus periodistas. El
visitador adjunto adscrito al Programa de Agravios a Periodistas y Defensores
Civiles de Derechos Humanos, de la Quinta Visitaduría General, Arturo E Pech
Rodríguez, dio entrada a la queja presentada por Contralínea.
En el documento se
establece que los periodistas no fueron notificados del juicio instruido en su
contra, como tampoco de ninguna acción judicial dentro del juicio 0906/2009, en
el que se les permitiera “conocer las acciones en su contra y emprender la
defensa adecuada”.
Asimismo, en la
Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de
Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), se ha abierto un
expediente con el que se han iniciado las investigaciones para deslindar
responsabilidades en los ataques sistemáticos a un medio de comunicación.
Por su parte, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatora Especial
para la Libertad de Expresión, Catalina Botero Marino, ha tomado conocimiento
del caso y estudia el tipo de acción a emitir al respecto.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del
Estado Jalisco sólo escuchó la relatoríade la queja de los periodistas, pero no
se comprometió a nada y dijo que en 5 días hábiles darán una respuesta si
admite o no la queja.
Grupo Zeta consiguió del Juzgado Noveno de lo
Civil en el estado de Jalisco una sentencia condenatoria contra la revista Contralínea.
Sin que se hubiera notificado al medio de comunicación ni a los periodistas
involucrados, el proceso avanzó sigilosamente y concluyó en una condena a pagar
una multa por supuesto daño moral por 500 mil pesos. La disposición también
dicta el remate de la casa familiar del director de Contralínea, Miguel Badillo, para
pagar la condena.
